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Pagina de noticias sobre Ykua Bolaños. Mas informacion en la pagina inicial

Hubo homenaje a víctimas del Ycuá

El caso Ycuá Bolaños no pasó desapercibido ayer en la nueva Junta Municipal de Asunción, donde los ediles hicieron un minuto de silencio a propuesta del concejal colorado Juan Alberto Radice.

Por otro lado, la concejala socialista María Rocío Arce (P-MAS), quien juró cumplir su función a cabalidad “por la patria y los 400 muertos del Ycuá Bolaños”, adelantó que la primera propuesta que hará a la corporación es crear una comisión especial para el caso. El objetivo es que el ex intendente Riera sea incluido en el juicio de la tragedia para ser condenado por la justicia. “Existen varias pruebas que involucran a Riera en la desgracia del 1-A, donde murieron 400 personas”, y, “conjuntamente con las asociaciones de familiares de las víctimas del Ycuá Bolaños, vamos a seguir haciendo los escraches si la justicia, que solo es para los poderosos, no condena a Riera.

La defensa del arquitecto Bernardo Ismachowiez apeló ayer la resolución por la que el juez Rubén Ayala Brun decretó la prisión del profesional, en el proceso que soporta por actividades peligrosas en la construcción. El constructor del siniestrado Ycuá Bolaños V se encuentra recluido en el penal de Tacumbú desde el pasado 6 de diciembre pasado.

En su presentación, el abogado Adolfo Ferreiro alega que la medida restrictiva de libertad no tiene razón de ser, debido a que el hecho punible por el cual ha sido acusado su defendido tiene una expectativa de pena de hasta cinco años o multa. El letrado resaltó que Ismachowiez tiene suficiente arraigo en el país y recordó que tiene registrados sus bienes a su nombre y no de terceros, los que fueron ofrecidos en embargo como garantía para la obtención de medidas sustitutivas de prisión hace dos años.

Ismachowiez está acusado por supuestas fallas en la construcción del supermercado Ycuá Bolaños V, que ardió en llamas el 1 de agosto del 2004, causando la muerte a aproximadamente 400 personas.

El abogado Luis Escobar Faella, defensor de Juan Pío Paiva y María Victoria Cáceres, planteará una acción de inconstitucionalidad contra el fallo de la Cámara de Apelación que apartó a los jueces Elio Ovelar y Manuel Aguirre del Tribunal de Sentencia del caso Ycuá Bolaños. “Creo que fundamentalmente se ha violado el artículo 15 de la Constitución que dice que las personas no pueden reclamar por la violencia sus derechos. También hay un principio de que el Estado debe proveer seguridad el Poder Judicial y los jueces se han visto afectados. Ha salido un fallo que no tiene calificación jurídica porque por un lado rechaza la recusación, y por otra parte aparta a los jueces. Evidentemente acá la justicia no está funcionando y queremos un pronunciamiento de la Corte para que establezca de nuevo la continuidad del proceso”, dijo el letrado.

Agregó que el juicio se suspendió por una cuestión fáctica, por lo tanto se debe restablecer le orden jurídico gravemente quebrantado. “Esto se tiene que hacer para que este país tenga un mínimo de credibilidad. Se tiene que respetar a los jueces aunque no se esté de acuerdo, porque desde luego se tienen los recursos procesales disponibles como para buscar el cambio si uno cree que tiene el derecho de hacerlo”, indicó el letrado.

Ahora que pasaron algunos días del turbulento martes 5 de diciembre, se puede reflexionar sin el aturdimiento que causan los gritos y los disparos. Lo que ocurrió ese día estuvo muy lejos de ser sólo la furia de los deudos de las víctimas del Ycuá Bolaños. Sospecho que estos tuvieron una presencia mínima en los desórdenes y destrozos. Allí explotó una compleja mezcolanza de marginalidad social, oportunismo vecinal y acción deliberada de grupos radicalizados. A estos, los deudos de las víctimas les importaban un comino, salvo como pretexto para hacer jaleo. Y así lo hicieron.

El bochinche, como se sabe, comenzó en el local donde se estaba leyendo la sentencia en el caso Ycuá Bolaños. Allí, el Código Procesal Penal incorporó un medio más a su ya confuso sistema recursivo: el recurso del “silla ñemombo” (lanzamiento de silla), con inmediatos efectos suspensivos, que incluyen la fuga de los jueces y el alboroto en las tribunas. Y, si crece el entusiasmo, con asalto a supermercados e incendios callejeros.

Ahora se está pidiendo que las cosas vuelvan a foja cero. Esto no es tan simple. Salvo, claro está, que se convierta a la ley en una especie de goma de mascar, que se estira según la boca que la mastique. Además, no se debe olvidar que el Paraguay ha aceptado la jurisdicción de la Corte Interamericana de Justicia. Eso permite que unos fallos disparatados puedan ser anulados cuando pasen bajo la mirada de jueces que están lejos de las pedradas de una manifestación y sean ajenos a la campaña electoral del Tendota.

Esto no quiere decir que el fallo no pueda ser revisado. Existen mecanismos para ello, suficientes e idóneos para reordenar un caso que salió del cauce del debido proceso. Eso es lo fundamental, y no si se incurrió en algo “pecaminoso”, como sugirió un político santurrón.

El problema es que el debate ha sido oscurecido de tal manera que será muy difícil reencauzarlo. La histeria de algunos periodistas, el grosero oportunismo de ciertos políticos, la demagogia de unos y la irresponsabilidad de otros han creado las condiciones para que sólo se puedan ver las cosas a través de sentimientos desbordados. Legítimos, sin duda, pero sentimientos al fin. Y convengamos en que es repugnante aprovecharse de ellos para buscar votos, ganar dinero, adquirir renombre o arañar la fama.

En realidad, da la impresión de que a nadie le interesa realmente el drama de los deudos de las víctimas del Ycuá Bolaños. Para ello, debemos definir cuál es el problema. No se trata de la venganza, porque el sistema de justicia busca el imperio de la ley y no la aplicación de ninguna venganza. En realidad, la cuestión central es la justa reparación a los deudos de las víctimas. Pero eso, realmente, no le quita el sueño a nadie.

Recuerdo que, a pocas semanas de la tragedia, se ofreció reabrir el supermercado para que, con su producción, se comenzase a indemnizar a las víctimas. La oferta fue rechazada de plano. Incluso un sacerdote dijo que, en vez de eso, el supermercado debía convertirse en un santuario. Hubiera sido un comienzo, pequeño tal vez, pero comienzo al fin. Pero la ira impidió advertir que, en ese momento, el pan les hubiera servido más que las oraciones.

Después, llegaron los políticos, prometiendo bolsas de dinero a todo el mundo. Uno de ellos, en el pináculo de la euforia, ofreció mil millones de guaraníes por cada fallecido. ¿Con qué dinero? Con dinero del Estado, gritan todos, a coro, con entusiasmo. ¿De qué Estado estamos hablando? De un Estado incapaz de dar una educación algo más que mediocre a millones de niños paraguayos; un Estado incapaz de hacer frente a problemas de salud pública algo más complicados que una gripe fuerte; un Estado incapaz de asegurar una seguridad mínima que, por lo menos, haga que uno suba a un ómnibus sin tener que rezar tres avemarías, de puro miedo.

Después de escuchar tantos cuentos chinos es natural que los deudos cayeran en la trampa de abrir las puertas de la violencia. Es también cierto que sólo aportaron la chispa inicial. Lo que vino después ya no tuvo nada que ver con Ycuá Bolaños, sino con grupos motorizados por otros intereses. Una vez más, el Ycuá Bolaños sirvió de carpa para albergar los objetivos más dispares. Menos los de quienes fueron castigados por la tragedia.

helio@abc.com.py

Ironizan al Gobierno y reclaman justicia por numerosas muertes

Con el lema “No somos infiltrados, queremos justicia”, varias organizaciones sociales marcharon desde la plaza Uruguaya hasta el Panteón de los Héroes para repudiar el fallo judicial del caso Ycuá Bolaños y, a la vez, manifestarse contra el gobierno de Nicanor Duarte.

Durante la manifestación se ironizó al Gobierno, cuyos representantes señalaron que de los incidentes ocurridos el pasado 5 de diciembre, tras la lectura parcial del fallo de esta causa, participaron varios infiltrados

Es así que Carmen Vouletich, madre de Cristhian Emhart, rogó a los magistrados que identifiquen “quiénes son los delincuentes y quiénes son las víctimas”.

Emhart era un bombero que fue asesinado en Fernando de la Mora por Roque Carmona, un militar que estaba ebrio.

También pidió justicia el comandante Carlos Torres. Los bomberos acompañaron la manifestación con el sonido de sirenas.

Al grito de “Josías, Josías, tu muerte no se olvida”, por parte de la barra brava de Cerro Porteño, el padre del niño ultimado en barrio Obrero subió al escenario y advirtió: “Si no hay justicia, nosotros no solo vamos a explotar la casa de Piatti, sino todo lo que hay en el camino”. Agregó: “Me han quitado un soldado, pero no perdí la guerra”.

Mariana Franco, de la organización Sunú, denunció que miembros de la comunidad indígena La Patria, Chaco, murieron de inanición.

Los identificó como Hilario Ramírez, Samuel Lima, Crishtian Fernández y un niño de cuatro años, cuyo nombre no conocía.

Luis Aguayo, de la MCNOC, también se sumó a los oradores, en tanto que Julio Benegas, del Sindicato de Periodistas del Paraguay, recordó que el sistema instalado ya ha matado a cientos de personas y no se interesa en investigar la desaparición de Enrique Galeano.

El acto se cerró con Rubén Urbieta, hijo del ex rector de la Universidad Columbia, que murió en la tragedia del Ycuá Bolaños, e instó a seguir escrachando a los jueces que quieren dejar impune la causa.

Para la presidenta del tribunal de sentencia del caso Ycuá Bolaños, María Doddy Báez, no puede considerarse que la causa ya fue juzgada, puesto que la sentencia no concluyó y solo pudieron referirse a la reprochabilidad de los acusados.

``La sentencia no concluyó. La cosa juzgada se da una vez que termine y queda firme la sentencia, pero la reprochabilidad era la primera parte de esta sentencia, y el colega (Manuel) Aguirre no ha concluido de emitir su fundamentación”, dijo la jueza.

Respecto a que la deliberación termina con la firma de la sentencia, la magistrada aclaró que, en el caso Ycuá Bolaños, hubo una división del juicio para tratar la reprochabilidad y luego establecer la penas. Destacó que el tribunal tenía que seguir deliberando sobre las penas; por lo tanto, no hay sentencia concluida.

Por otra parte, la jueza dijo que desde el 5 de diciembre pasado, fecha en que el juicio oral fue interrumpido por incidentes y la posterior recusación de los miembros titulares Elio Ovelar y Manuel Aguirre, no se tomó ninguna decisión y todos los pedidos efectuados con posterioridad siguen pendientes, como el pedido de prisión, planteado por el abogado querellante, Alejandro Nissen, contra los accionistas acusados

Piden analizar pedido de sanción a fiscal y abogados

La defensora pública Cecilia Pérez , quien representa a Víctor Daniel Paiva, pidió a la cámara que decida si corresponde o no sancionar al fiscal Edgar Sánchez y a los abogados querellantes del caso Ycuá Bolaños. Fue a través de una aclaratoria.

“Presentamos una aclaratoria porque de la lectura de los informes de los jueces notamos que hubo un pedido del juez Elio Ovelar de sancionar a los abogados que lo recusaron y también al fiscal. En ese sentido, vimos que el tribunal no se expidió con relación a ello, a pesar de que se les dio la razón a los magistrados al rechazar la recusación”, indicó Cecilia Pérez.

Respecto a la decisión de los camaristas de apartar a los jueces Ovelar y Manuel Aguirre del tribunal del caso Ycuá Bolaños, la defensora expresó su desacuerdo, ya que no se acreditó ninguna de las causales establecidas en el Código Procesal Penal. “No existe la figura de apartarlos si los mismos no se inhibieron. O se les recusa , y se hace lugar a la recusación o ellos se inhiben y se acepta su inhibición, pero en este caso no existió ninguna de las dos figuras”, indicó.

Agregó que le parece un poco peligroso que los miembros del tribunal hayan deducido cosas de lo manifestado por los jueces en la ampliación de su informe, lo cual es una suerte de legalización del quebrantamiento del Estado de derecho.

“Yo creo que ningún juez se siente con garantías de dictar una resolución de acuerdo a sus convicciones. Habría que ver qué jueces van a aceptar un caso como este, porque acá hay dos cuestiones: el juez que acepte sabe que tiene que sacar un homicidio doloso porque, sino, se ve enfrentado a lo que ya pasó y hay que ver si el juez se animaría aceptar, considerando esa condición con la que debería entrar al juicio”, sostuvo.

El abogado Agustín Guillén, por la defensa del guardia Daniel Areco, apeló ayer el fallo de la cámara por existir una grave contradicción al rechazar la recusación y al mismo tiempo separa a los jueces.

Por Roberto Augsten ragusten@uhora.com.py

Nuevos incidentes planteados en el caso del súper Ycuá Bolaños enredan más el juicio y el peligro de anularse antes de fin de año cada vez está más cerca. Los abogados defensores plantearon nuevos recursos y el ministro de la Corte Suprema de Justicia, José Altamirano, reconoció que “lastimosamente la máxima instancia judicial no tiene la competencia para intervenir en forma más directa y emplear procesalmente una orientación de alta política y determinante”. El integrante del Poder Judicial destacó que no es fácil rectificar rumbos cuando existieron falencias de muchos sectores, y que cuando el caso llegue a instancias de la Corte van a atender el caso, pero a pedido de una de las partes del proceso y no de oficio. “Lamentablemente la Corte no tiene la competencia para intervenir en forma direccionada, más directa. Por ello debemos de respetar todas las secuencias de las instancias. El Poder Judicial, a través de la Asociación de Magistrados Judiciales, se interiorizó del caso y manifestó su preocupación por lo ocurrido. Ello, porque les afecta a todos los jueces y funcionarios. No se puede rectificar tan fácilmente los rumbos, cuando existen múltiples deficiencias en varios sectores”, añadió Altamirano. El ministro de la Corte dijo comprender la inquietud de los familiares y víctimas de la tragedia y que el reclamo que hacen es legítimo, “pero también existen magistrados que les afecta, porque son honestos y actúan dentro del marco legal. Muchas veces la noticia buena no se sabe, porque solamente se resalta las malas”, acotó. QUE RATIFIQUE. Luis Escobar Faella, defensor de Juan Pío Paiva, pidió a la Corte Suprema que intervenga y ratifique la intervención de los jueces Manuel Aguirre Rodas y Elio Rubén Ovelar en el caso Ycuá Bolaños. “El camarista José Agustín Fernández no ve la realidad y en vez de pedir la restitución del orden y el respeto a la ley y al Estado de derecho, sostiene que los jueces deben tener miedo a la violencia y a los vándalos que lo provocan debiendo apartarse del conocimiento de la causa. Con este temperamento pusilánime, cobarde y condescendiente con los vándalos se pretende negar la sujeción a la Constitución Nacional”, apuntó Escobar Faella. PEDIDO DE SANCIÓN. La Coordinadora de Víctimas del Ycuá Bolaños presentó ayer en la Cámara de Diputados un pedido de juicio político de los jueces Elio Ovelar y Manuel Aguirre por mal desempeño en sus funciones. El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados tiene la competencia para destituir por no cumplir en forma sus tareas o comisión de delitos.

LOS RECURSOS PENDIENTES QUE FRENAN EL JUICIO 1.- La aclaratoria solicitada por el abogado Jorge Bogarín González. Pretende que el Tribunal de Apelación diga si el juicio debe continuar y si la jueza María Dody Báez es aún competente.

2.- El pedido de aclaración requerido por la defensora pública Cecilia Pérez. Solicita que el Tribunal de Apelación sancione al fiscal Edgar Sánchez y a los querellantes Alejandro Nissen y Leonardo Garófalo.

3.- La apelación planteada por el defensor Luis Escobar Faella. Requiere que la Corte Suprema de Justicia restituya a los jueces Manuel Aguirre Rodas y Elio Ovelar.

4.- El Tribunal de Sentencia está desintegrado y la única que resta es la jueza María Dody Báez. La magistrada podría ser recusada por la defensa de los acusados.

5.- La solicitud de prisión del abogado Alejandro Nissen contra Agustín Alfonso Martínez, María Victoria Cáceres de Paiva, Humberto Casaccia y María de las Nieves Burgos de Casaccia, ex accionistas del supermercado siniestrado.

El juicio oral debe terminar con los jueces Aguirre y Ovelar, dice abogado

El abogado Luis Escobar Faella, defensor de Juan Pío Paiva, ha apelado la decisión de la cámara de apelación de apartar a los jueces Elio Ovelar y Manuel Aguirre del caso Ycuá Bolaños y afirma que el juicio no puede volver a foja cero.

“Los jueces (Ovelar y Aguirre) tienen que seguir y no se puede retrotraer el proceso a etapas anteriores. Además este tribunal de sentencia no puede declarar nulo el juicio. Solamente la cámara a través de los recursos de apelación después de la sentencia puede declarar la nulidad del juicio”, afirmó Escobar Faella.

El abogado apeló el segundo apartado de la resolución de la cámara de apelaciones por la cual se dispone que Ovelar y Aguirre se aparten del caso Ycuá Bolaños.

Escobar Faella argumentó que es un contrasentido, por un lado, rechazar la recusación, pero, por otro lado, apartar a los jueces.

“ Ellos (Ovelar y Aguirre) no pidieron ser apartados. La decisión de apartarse de una causa es un derecho personalísimo. Sin embargo, la cámara los aparta porque no existen garantías. Los jueces solo pidieron a los camaristas que se analizaran las circunstancias que se estaban desarrollando y el hecho de que las personas solicitaron su derecho con violencia”, dijo Escobar Faella.

Agregó que no se puede reclamar derechos con violencia y sobrepasar a los jueces porque, si no, va a imperar la “ley de la jungla”.

“El art. 399 del Código Procesal Penal (C.P.P.) dice que los jueces tienen que redactar y firmar su sentencia y luego leerla a las partes. Aunque fue en forma parcial, el fallo estaba hecho. Para mí, la obligación de los jueces era continuar el juicio desde donde se interrumpió”, señaló.

También citó otro artículo del C.P.P. que dice que no se puede retrotraer el juicio al juicio oral. “Lo que nosotros defendemos es que ya hubo un juzgamiento y una sentencia. Lo que quieren es retrotraer el juicio a foja cero, empezar de nuevo y condenar a los acusados por homicidio doloso”, indicó Escobar Faella

“Ya fueron juzgados, ya estaba la sentencia de reprochabilidad y aunque no estaba la sentencia completa la discusión sobre la reprochabilidad ya está y nadie puede dudar de eso. Ahora lo que hay que establecer es la pena”, aseguró.

La abogada Teresa Areco, defensora del guardia Daniel Areco, señaló que hoy realizarían una presentación respecto al fallo de la cámara de apelación que apartó a los jueces del tribunal, pero no quiso adelantar ninguna opinión, ya que por un escrito expresará sus agravios

El abogado Jorge Bogarín, defensor de Agustín Alfonzo, afirmó que la resolución del Tribunal de Apelaciones “nos ha puesto en una especie de callejón sin salida”. El letrado presentó ayer un recurso de aclaratoria ante la Cámara.

“En principio, estábamos con una sentencia dictada hasta la reprochabilidad de la calificación y continuar el juicio para establecer la pena no va a ser posible, porque los jueces suplentes no estuvieron en la audiencia y por el principio de inmediación que es un elemento vital y fundamental, habrá que reiniciar el juicio, pero eso acarrea otros dos problemas”, dijo Bogarín.

Según el abogado, el primer inconveniente sería que si se conforma el Tribunal con los jueces suplentes, la presidenta María Doddy Báez no podrá continuar en la causa porque ya ha opinado.

Segundo, el artículo 12 del Código Procesal Penal señala que no se puede retrotraer el caso en detrimento de los acusados, mencionó Bogarín

El referido artículo dice que la inobservancia de un principio o garantía no se hará valer en perjuicio de aquel a quien ampara. La defensa apela a todo.

Los abogados querellantes Alejandro Nissen y Ricardo Lataza solicitaron ayer la prisión preventiva de Agustín Alfonso Martínez, María Victoria Cáceres de Paiva, Humberto Casaccia y María de la Nieves Burgos de Casaccia, miembros del directorio del supermercado Ycuá Bolaños, enjuiciados por el delito de exposición a las personas a lugares de trabajo peligroso.

Ambos abogados señalan que la sentencia, cuya lectura fue interrumpida y a esta altura está nula, porque los jueces Manuel Aguirre y Elio Ovelar han sido apartados de la causa por la cámara de apelaciones, dejó entrever que los miembros del directorio son responsables no solo del referido delito, sino también de homicidio culposo, por lo que la expectativa de pena es de siete años y seis meses de cárcel; por tanto, está vigente el peligro de fuga o la posible obstrucción al proceso.

“Se observa entonces lo siguiente: nos encontramos, por decir así, ante un proyecto de sentencia condenatoria de los directores del súper, no obstante ello, quedarían aún pendientes de estudio la calidad y la cantidad de la pena que a estos les corresponden luego de debatirse la última parte del juicio que se refiere precisamente al juicio sobre la medición de la pena”, refiere el escrito.

Señalan que se puede concluir la decisión firme del tribunal sobre la reprochabilidad y participación de los acusados de un hecho punible grave de acuerdo al referido artículo.

Los abogados piden que las juezas suplentes Lourdes Cardozo y Sandra Farías integren el tribunal de sentencia para estudiar el pedido de prisión de los miembros del directorio, junto con la presidenta María Doddy Báez.

Adolfino Aquino aaquino@uhora.com.py

El Poder Judicial salió de su cauce normal para administrar Justicia porque triunfaron el miedo y la violencia en el caso Ycuá Bolaños. Este antecedente costará caro al Paraguay, porque al no imponerse el derecho ya no hay garantías, opinaron varios abogados. Los doctores Jorge Vasconsellos, Osvaldo Granada Salaberry, Luis Armando Godoy, Marcos Khön Gallardo y Federico Callizo sostienen que el Tribunal de Apelaciones 1ª Sala generó una “desorientación total” al apartar a los jueces Manuel Aguirre y Elio Rubén Ovelar del caso Ycuá Bolaños sin que nadie le haya pedido. El Tribunal sólo debió pronunciarse sobre las recusaciones contra los citados magistrados. Pero al apartarlos del juicio se debe iniciar proceso nuevo y esto traerá como consecuencia una enorme confusión jurídica, explicaron. El juicio sobre Ycuá Bolaños se debe culminar en primera instancia y no hay otra salida que volver a comenzar, según los entrevistados. El abogado Federico Callizo se pregunta: “¿Se animarán los jueces nuevos a juzgar a su leal saber y entender o serán presionados por lo que ocurrió y actuarán de acuerdo a esas presiones? “Sólo pregunto, no contesto”, señala. Los abogados consultados destacaron que la Justicia cedió a la violencia. La primera muestra de debilidad del Poder Judicial –dicen los entrevistados– es que el tribunal de sentencia de primera instancia “corrió” de la turba y no impuso su autoridad para pedir a la Policía que ocupe inmediatamente el lugar donde se desarrollaba el juicio y poner orden, para declarar finalmente un cuarto intermedio. La segunda muestra de debilidad –agregan– es que el Tribunal de Apelación apartó a los jueces Aguirre y Ovelar fundamentándose en la presión social. Los abogados señalan que la Corte no puede intervenir. El que intervino (el Tribunal de Apelación) creó más confusión. Mientras tanto, los procesados son los que ganan terreno y probablemente demanden al Estado.

Burt y Riera deben ser investigados

La Coordinadora Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) cree que el ex intendente de Asunción Martín Burt (liberal) y el actual Enrique Riera (colorado), además de otros funcionarios municipales, deben ser investigados por la justicia para determinar su responsabilidad en la tragedia del Ycuá Bolaños, en la que murieron cerca de 400 personas el 1 de agosto del 2004. Así señaló anoche Carmen Coronel, de la Codehupy, durante la presentación del informe anual sobre derechos humanos en el Paraguay, año 2006, y el Informe Sombra al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, realizados por la citada entidad.

Una actuación artística inició anoche el acto de presentación de informes sobre derechos humanos en el Paraguay elaborado por entidades que integran la Codehupy.

La Coordinadora considera que hace falta esa investigación judicial a Burt y Riera y demás funcionarios responsables y resalta que ellos fueron excluidos de los procesos judiciales gracias al amparo del actual gobierno, conforme a las expresiones de Coronel.

Uno de los puntos destacados en el Informe Sombra es lo relativo a las discriminaciones, sobre todo en materia de género, de edad, raza y condiciones sociales, que, según la Codehupy, persisten en nuestro país y sobre las cuales el Estado paraguayo no refirió correctamente. Asimismo, se destacan la explotación infantil, por ejemplo a través del criadazgo, y el tráfico de niños adolescentes para la explotación sexual. El Informe Sombra es un relato alternativo que elaboran organismos de la sociedad civil al enviado por el Estado paraguayo al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con sede en Ginebra (Suiza). Anoche, la Coordinadora también presentó su undécimo informe anual consecutivo sobre la situación de los derechos humanos en nuestro país.

Por Roberto Augsten raugsten@uhora.com.py La recusación de los jueces Manuel Aguirre Rodas y Elio Rubén Ovelar en el juicio por la tragedia del Ycuá Bolaños, no corresponde. Así lo resolvió el Tribunal de Apelación al rechazar el pedido formulado por el fiscal Edgar Sánchez y los querellantes adhesivos. No obstante, se hizo lugar al apartamiento de oficio de los magistrados, pues al momento de dictar sentencia ya no tendrían la imparcialidad requerida para el caso, a raíz de las protestas.

Los camaristas José Agustín Fernández, Gustavo Ocampos y Tomás Damián Cárdenas llegaron a la conclusión de que el fiscal Edgar Sánchez y dos querellantes no demostraron que Aguirre y Ovelar sean “ignorantes supinos de la ley”. Se aclara que el cuestionamiento debe ser recurrido vía Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y no por medio de un pedido de inhibición. El Tribunal de Apelación hace alusión a los incidentes que acontecieron en el Comando Logístico, en ocasión de la lectura parcial del fallo, y resalta que “no se pueden ignorar el impacto y las consecuencias que razonablemente generaron el ánimo de los recusados y expresados en los términos del escrito de ampliación del informe presentado al Tribunal”.

NO SOLICITARON. Una vez conocida la decisión del Tribunal de Sentencia, el juez Manuel Aguirre dijo a medios de prensa que estaba conforme con la decisión, aunque aclaró que “los jueces recusados no solicitamos nuestro apartamiento”. Los abogados consultados por ÚH, en su mayoría, dijeron que el fallo judicial era nefasto para los precedentes que puedan dictarse en el futuro. Por su parte, los camaristas coincidieron en señalar que el caso Ycuá Bolaños “es atípico. No está previsto en la ley. Jamás siquiera se pensó que hubiese ocurrido una tragedia de tal magnitud”, según explicó el camarista José Agustín Fernández. “Debe considerarse que la incidencia planteada en el juzgamiento de un caso singular, anormal, único y excepcional, escapa a cualquier prevención, que ni el más prevenido de los seres mortales pudiera haber avizorado toda la casuística para preverlo en la ley”, señala en una parte el fallo judicial.

Los jueces de Alzada recuerdan que los magistrados deben tener una conducta equilibrada y equidistante a partir de los hechos acontecidos, y que la imparcialidad puede ser afectada, bajo la influencia de las circunstancias que acontecieron.

NO ACLARARON. Los camaristas José Agustín Fernández y Gustavo Ocampos organizaron una conferencia de prensa ayer, en el Palacio de Justicia, ocasión en que no quisieron opinar sobre cómo quedaba el proceso judicial en contra de Juan Pio Paiva y los otros detenidos. Tomas Cárdenas, otro de los firmantes de la resolución, estuvo ausente en la conferencia, puesto que tenía cosas particulares pendientes, según explicaron.

El expediente fue remitido a la jueza María Dody Báez, a los efectos de proseguir los trámites del caso. La magistrada no se hizo encontrar y prefirió no atender las llamadas telefónicas. Entre la Fiscalía y los querellantes existen varios criterios de los pasos a seguir a partir de ahora. Un sector cree que la jueza Báez podría convocar a las juezas suplentes para que conformen el Tribunal de Sentencia; luego sortearse otros dos magistrados suplentes y dictar resolución.

Postura de la Corte La Corte Suprema de Justicia emitió el viernes un comunicado en el que expresó su apoyo a jueces que se desempeñan honestamente, con dignidad y transparencia, y que no se dejan incidir por amenazas, presiones o injerencias ilegítimas. Aclaró que sancionará a los que se comporten de manera indigna, deshonesta, timorata y venal. Recordó que el abuso del derecho está proscripto y que no es permitido a nadie valerse de la violencia y perjudicar las bases históricas que sustentan a la República, caracterizada justamente por la convivencia pacífica.

LO QUE DICE LA CÁMARA DE APELACIÓN PARA APARTAR A LOS JUECES MANUEL AGUIRRE Y ELIO OVELAR * El fiscal y querellantes no demostraron con pruebas que se haya incurrido en adelanto del fallo o ignorancia supina de la ley.

* No se pueden ignorar los hechos acaecidos con posterioridad a la abrupta interrupción del juicio; son de público y notorio conocimiento.

* No se pueden ignorar el impacto y las consecuencias en el ánimo de los jueces y por añadidura en sus cónyuges, hijos y familiares cercanos.

* Los magistrados (Aguirre y Ovelar) se ven afectados en su objetividad e imparcialidad, que les imposibilita juzgar el caso ante los sucesos acontecidos el día 5.

MOTIVOS DE EXCUSACIÓN Y RECUSACIÓN Artículo 50. Código de Procedimientos Penales

Inciso 10. Haber emitido opinión o consejo sobre el procedimiento, que conste por escrito o por cualquier medio de registro;

Inciso 11. Cualquier otra causa, fundada en motivos graves, que afecten su imparcialidad o independencia.

PASOS A SEGUIR EN EL PROCESO * La única integrante titular y presidenta del Tribunal de Sentencia es: - María Dody Báez

* Las juezas suplentes que están habilitadas para ser titulares del Tribunal son: - Lourdes Cardozo - Sandra Farías

* Además, la presidenta debe pedir el sorteo para nominar dos jueces suplentes.

* El Tribunal de Sentencia armado debe ordenar seguir el juicio o suspender y realizar un nuevo proceso.

OBSERVACIÓN: La jueza María Dody Báez también podría ser recusada, por haber dado a conocer su opinión. No se descarta que las juezas Lourdes Cardozo y Sandra Farías también sean recusadas.

Ycuá Bolaños es ya una causa popular. Y lo es porque fue una tragedia programada, si se quiere. Aquello fue homicidio. Al dueño del supermercado no le importaron las eventuales consecuencias perjudiciales de sus actos al ordenar el cierre de las puertas del local. Murieron cientos de personas en esa caldera. Hubo familias desmembradas en un instante. Lástima, bronca, indignación, impotencia, furia, dolor, y todos esos sentimientos que nos son tan comunes a los paraguayos, se convirtieron en una explosión popular la tarde del martes 5 de diciembre.

¿Qué justicia es esa que condena con solo cinco años de prisión a Juan Pío Paiva? ¿Está vendida la justicia en el Paraguay? Pues sí, claro que sí. Diariamente la prensa se hace eco del estado calamitoso en que la justicia paraguaya se encuentra. Directa e indirectamente, todos los paraguayos somos víctimas de un estado - permanente- de impunidad. Tal vez muchas personas no han tomado todavía conciencia de tal situación. Ha llegado la hora de reaccionar, de ver las cosas como se nos presentan, y de atrevernos a indignarnos públicamente a través de manifestaciones. No hay pueblo que salga del lodo, del fango, del yugo, si no se rebela.

El pueblo paraguayo tiene - lastimosamente - un largo pasado de indiferencia, sometimiento y resignación. Mas ahora parece que las cosas están cambiando. Y eso es muy bueno. Debemos indignarnos contra la ley que se nos ríe con sus trampas. Y contra la claque política y mafiosa que nos gobierna. Nosotros, con nuestro trabajo, dinero y sudor, estamos sustentando un lujoso nivel de vida de nuestros gobernantes.

Va contra todas las ideas, el silencio. Callarse, otorgar siempre, resignarse, significan el fin de las ideas y la muerte del pensamiento humano. No importa que en tu casa te alteres, te plaguees, y mal digas a los rapiñeros. En la calle, en la calle, entre el gentío que lleva el sol sobre sus hombros, al lado de los jóvenes quienes cantan “Patria querida”, junto a los anónimos de las plazas; en la calle, en la calle, es ahí donde debemos manifestarnos. Suelo observar a hombres y mujeres de talento, envejeciendo lenta, paulatinamente, en su lucha por el arte y la cultura. Los encuentro empobreciéndose moralmente. ¿Por qué? Porque al Gobierno colorado lo que menos le importa es la cultura. No hay un modelo, un diseño cultural, donde puedan caber escritores, poetas, ensayistas, escultores, pintores, dramaturgos, actores, músicos, cineastas. ¿En qué nos hemos convertido? Pues en personas postergadas, en seres humanos impedidos para desplegar -totalmente- las alas de la creación y del arte con el fin de tener alguna resonancia mundial. Duele decirlo, pero en el resto del mundo nadie conoce la literatura paraguaya. Hace poco, la escritora peruana Blanca Varela ganó el premio Federico García Lorca, dotado de 50.000 dólares por el conjunto de su obra poética. Esta autora, además de sus muchos libros, organizó y publicó una antología de la poesía hispanoamericana donde no aparece un solo poeta paraguayo.

Si bien parece imposible e increíble, Paraguay no figura en su Antología. Ya ni tiene presencia física nuestro país, tal parece.

Los frutos están podridos y huelen requetemal. Recuperarse, sanarse de tanto letargo y salir a las calles, es la opción. El Presidente del Paraguay solamente tiene vocación para hablar. Pero donde dijo una palabra hermosa y victoriosa, no vi yo planta alguna que creciera.

Necesitamos ser radicales a partir de ahora. Los más elementales derechos del pueblo no les quitan el sueño a los políticos, quienes nos roban desde sus oficinas refrigeradas. Adiós, Presidente, con tus malos versos. A salir a las calles, o desaparecemos como nación.